La lista incluye a Maduro, Diosdado Cabello Rondón, Hugo Carvajal Barrios, Clíver Alcalá Cordones y Tareck Zaidan al Aissami Maddah.
“El pueblo venezolano merece un gobierno transparente, responsable y representativo que atienda las necesidades del pueblo y que no traicione su confianza al condonar o emplear a funcionarios públicos que se dediquen al tráfico ilícito de narcóticos”, apunta la postura de Pompeo, Secretario del Departamento de Estado.
MÁS INFORMACIÓN
- Manchester United dispuesto a pagar una millonada por Jadon Sancho
- Panamá construye un hospital provisional de cuidados intensivos
- "Me gustaría poder jugar con Ronaldo", dice Courtois
- España supera los 4 mil fallecidos por Covid-19
- Dejan en libertad a exministro colombiano que metió de lleno a Pablo Escobar en la política
“Estados Unidos está comprometido a ayudar al pueblo venezolano a restaurar su democracia a través de elecciones presidenciales libres y justas que les proporcionarán un liderazgo nacional honesto y competente”, agregó.
La recompensa que el Departamento ofrece es de hasta $15 millones de dólares por información relacionada con Nicolás Maduro, además de hasta $10 millones información de cada uno de sus allegados: Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente ilegítima; el general retirado Hugo Carvajal Barrios, ex director de inteligencia militar de Venezuela (DGCOM); Clíver Alcalá Cordones, mayor general retirado; y Tareck Zaidan al Aissami Maddah, Ministro de Industria y Producción Nacional.
“Mientras mantenían posiciones clave en el régimen de Maduro, estos individuos violaron la confianza pública al facilitar los envíos de narcóticos desde Venezuela, incluido el control de aviones que parten de una base aérea venezolana, así como el control de rutas de drogas”, acota el reporte.
Los estímulos se ofrecen bajo el Programa de Recompensas de Narcóticos (NRP) del Departamento de Estado, que ha permitido la detención más de 75 personas y el pago de unos $130 millones de dólares.
Esa oficina colabora estrechamente con la Administración de Control de Drogas (DEA), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE-HSI).
Las acusaciones son impulsadas por fiscales en Miami y Nueva York, que incluyen cargos de lavado de dinero y tráfico de drogas, delineados por el fiscal general, William Barr.
