Alfaro, por su accionar, también fue denunciado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
“Se aclara que, la legislación costarricense prohíbe a los servidores públicos el requerimiento o aceptación de dádivas, obsequios, regalos, premios, recompensas y otras consideraciones sociales, salvo lo señalado en el artículo 20 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública", explica la Procuraduría.
"En arreglo a la legislación vigente, las conductas señaladas podrían aparejar responsabilidad administrativa y eventualmente penal del servidor, mientras que, la persona física o jurídica que ofrezca, presente o entregue una dádiva a un funcionario público, podría incurrir en responsabilidad penal”, agrega el informe.
El viaje que recibió Chaves era con todos los gastos pagos.
El expresidente del Cartaginés Daniel Vargas, quien en su momento fue secretario de actas del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol, confirmó a www.everardoherrera.com y Al Pie del Deporte que revisando las actas correspondientes entre los meses de enero a julio del 2018 no quedó notificada la invitación realizada a la alcaldesa Laura María Chaves.
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Respuesta de Víctor Hugo Alfaro
En declaraciones brindadas a Crhoy.com, Alfaro aceptó que doña María es muy amiga de la familia y le regaló el viaje para que acompañara a su esposa.
"La invitación no la hizo la Fedefútbol, el paquete era mío, yo tenía dos paquetes, los podía regalar a quien yo quisiera", señaló Victór Hugo.
¿Qué es la PEP?
Procuraduría de la Ética Pública (PEP) es una oficina anticorrupción, creada por ley, para luchar contra la corrupción en la función pública, y promover la ética y la transparencia en su ejercicio. Realiza acciones para prevenir, detectar y erradicar la corrupción e incrementar la ética y transparencia en la función pública.
Entre sus principales funciones se destaca la recepción y tramitación de denuncias administrativas por actos de corrupción, falta de ética y transparencia en el ejercicio de la función pública, la oferta de charlas de concientización a los funcionarios públicos y la ciudadanía en general, y la denuncia y acusación penal de actos ilícitos.
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