Uno de los principales propósitos de la ambiciosa reforma económica del papa Francisco es erradicar la corrupción dentro de los muros vaticanos y poner orden en las turbulentas finanzas de la Santa Sede.
En el marco de esta lucha, que está siendo ardua, el Tribunal del Vaticano ha condenado este jueves a ocho años y once meses de cárcel por apropiación indebida y blanqueo de capitales a Angelo Caloia, expresidente del banco del pequeño Estado, conocido como el IOR (Instituto para las Obras de Religión), que estuvo en el cargo desde 1989 hasta 2009.
También ha impuesto la misma pena a su entonces consejero legal, Gabriele Liuzzo, acusado igualmente por el robo de más de 50 millones de euros en complicidad con el director, a través de la venta ilícita de cerca de una decena de inmuebles. Ambos deberán además pagar una multa de 12.500 euros.
El presidente del tribunal, el juez Giuseppe Pignatone, sentenció además en la misma causa al hijo del letrado, Lamberto Liuzzo, a cinco años y dos meses y a una multa de 8.000 euros, por colaborar en la comisión de los mismos delitos. Los tres acusados han sido inhabilitados para el ejercicio de cargo público en el Estado pontificio y deberán indemnizar al IOR y a la sociedad inmobiliaria SGIR, controlada por el propio banco vaticano, con unos 23 millones de euros.
La justicia vaticana comenzó a investigar el caso en 2014, después de una denuncia del propio banco, que se presentó como parte demandante en el juicio que empezó en 2018. La entidad financiera aseguraba que los tres acusados habían cometido los delitos imputados entre 2002 y 2007, participando en la venta de “una parte considerable del patrimonio inmobiliario del IOR”, fundamentalmente apartamentos de lujo en Roma y Milán. Según se lee en la sentencia, difundida por la Oficina de prensa de la Santa Sede, a través de esta compleja operación que se ha apoyado en un entramado empresarial con tentáculos en el extranjero, habrían malversado y luego blanqueado más de 50 millones de euros.
Caloia, de 81 años, es una figura destacada del sector financiero católico de Lombardía y alto ejecutivo del sistema bancario italiano. Cuando comenzaron las investigaciones se declaró completamente ajeno a las acusaciones, “víctima de operaciones urdidas por otros” y tuvo que dimitir de todos sus cargos empresariales y académicos en Italia. Los otros dos condenados , Gabriele y Lamberto Liuzzo, padre e hijo, son dos abogados de 97 y 55 años respectivamente.
No es la primera vez que el Instituto para las Obras de Religión acaba en el centro de un escándalo financiero. El abogado de la entidad, Alessandro Benedetti ha apuntado que este proceso envía un recado clave: “El mensaje es que la fiesta ha terminado y que hoy hay tolerancia cero frente a los comportamientos que han saqueado al instituto”, ha dicho.
Este ha sido uno de los pocos procesos que se celebran en el pequeño tribunal del Vaticano, que funciona de manera análoga a cualquiera de la justicia civil. Además de los mediáticos juicios por la filtración de documentos secretos, conocidos como el caso Vatileaks, se han celebrado otros pleitos por delitos financieros, abuso de poder o abusos, entre otras causas.
Uno de los últimos que se han oficiado fue en 2018 contra el monseñor Carlo Alberto Capella, el ex consejero de la Nunciatura en Washington que fue condenado a cinco años de prisión por posesión y divulgación de pornografía infantil, que por otro lado es un delito relativamente nuevo en el ordenamiento jurídico vaticano, ya que fue introducido por el papa Francisco en 2013. Capella cumple condena en las celdas del cuartel de la Gendarmería vaticana. El pasado octubre comenzó en el mismo Tribunal el proceso por abusos cometidos dentro de los muros vaticanos. Es el primero de su historia de estas características y sienta en el banquillo a dos sacerdotes por agresión sexual y por encubrimiento en el preseminario de San Pío X.
Fuente: Diario El País España